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En su obra La
libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses
Joaquín Costa
se expresa de este modo sobre la falta de la enseñanza del
Derecho aragonés en la Unviersidad:
- "Cuando el legislador introdujo en el plan vigente
de Instrucción pública el estudio del derecho
español, se entendió por los profesores de todas
las Universidades que se trataba del derecho común
o castellano, y como consecuencia de esto, no se ha cursado
nunca legisalción aragonesa, catalana, navarra, etc.,
ni siquiera en las facultades de Derecho de Barcelona y Zaragoza.
Resulta de aquí que los licenciados y doctores en Derecho
que han de ejercer la profesión de abogado en aquellas
provincias, tienen que emprender privadamente un segundo estudio,
no sirviéndoles casi de nada las lecciones que recibieron
en las aulas, y que los funcionarios del orden judicial principien
por ignorar las leyes que están llamados aplicar; surgiendo
de aquí empeñadas disputas y cuestiones gravísimas,
fracasos y sorpresas forenses, infracciones legales e injusticias
sin cuento, usatgen y observancias en la inacción, entorpecimientos
y dificultades mil opuestas por jueces, magistrados y registradores,
sobre todo si son extraños al país donde ejercen
su ministerio, refractarios a la especialidad del derecho foral
y atraidos con atracción irresistible hacia el malamente
llamado común, único con el que se han familiarizado
en la Universidad".
En nota añade los siguientes datos:
- "Durante algún tiempo se obligó a los
alumnos de la Facultad de Derecho de Zaragoza a asistir a la
"Academia jurídico-práctica aragonesa",
donde explicaron legislación foral los señores
Guillén, Franco y López, Lozano, Alvira y Nougués,
pero desde 1868 cesó esa obligación, y aun la
misma Academia ha dejado de funcionar. En 1880 se solicitó
de la Dirección General de Instrucción Pública
por el presidente de dicha Academia el restablecimiento de aquella
loable costumbre, y al propio tiempo, la creación de
una cátedra de Derecho foral; y la dirección constestó
en sentido negativo. Igual resultado habían tenido las
gestiones practicadas cerca del Gobierno en anteriores fechas
por el Rector de la Universidad y el Colegio de Abogados de
Zaragoza.
- El Congreso de Zaragoza discutió y aprobó
la siguiente proposición: "El Congreso de Jurisconsultos
aragoneses acuerda dirigirse a la Diputaciones provinciales
de Aragón, suplicándoles se sirvan sostener, desde
el próximo curso académico, en Zaragoza, una cátedra
donde se explique con la mayor amplitud la legislación
foral de Aragón, autorizando al Colegio de Abogados de
la misma para la ejecución del referido pensamiento,
bajo las bases de proveer la clase por oposición o concurso,
y dotarla con 3.000 pesetas anuales. (Salón de Sesiones
del congreso a 26 de enero de 1881). Para llevar a cabo este
proyecto se nombró una Comisión especial. Las
Diputaciones provinciales de Aragón no han estado conformes
en contribuir a la ejecución de tan útil pensamiento".
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(Joaquín Costa Martínez,
La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses,
guara editorial, Zaragoza, 1981, págs. 137 y 145)
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