inicio 

El Derecho aragonés en el siglo XXI:
una visión de conjunto

Aragón y el Derecho

El Derecho no es sólo cosa de leyes.

La vida del Derecho

De los Fueros a la Compilación

La formación de la Compilación del Derecho civil de Aragón

El Derecho aragonés desde la Constitución

Las bases para una nueva política legislativa

La Ley de Sucesiones por causa de muerte

El camino abierto por la Ley de Sucesiones

El horizonte de la unificación del Derecho civil

Las señales del futuro

El Derecho aragonés en el siglo XXI:
una visión de conjunto

La conferencia tiene un título que, probablemente, no habrá movido a error a nadie. Dice simplemente "El Derecho". Tiene también un contexto que en este caso es decisivo. El ciclo se denomina "Aragón ante el s. XXI", y en el folleto que lo presenta se lee que el objetivo es "mirar al pasado y otear el futuro", que se trata de saber, de reflexionar sobre "qué ha supuesto para nosotros el s. XX, qué cabe razonablemente esperar en el s. XXI, qué hemos hecho, en qué situación nos encontramos y qué objetivos razonables podemos proponer para los años venideros"; en definitiva, "estudio, evaluación, prospección y proyección" ¿Sobre qué materias? Entre otras el Derecho, como una "de las grandes áreas y sectores que dan carácter y definen a un territorio". El Derecho específicamente aragonés, por tanto. El Derecho civil aragonés, que podemos -si queremos- seguir llamando "Derecho foral".

En mi exposición voy a seguir este orden. Primero voy a seguir hablando del contexto, para situarme, a continuación, en cómo han venido siendo las cosas, de dónde vienen y, por tanto, dónde estamos hoy; para continuar con un diagnóstico o, al menos, una descripción de cómo estamos, que nos permita hacer algunas observaciones sobre el futuro previsible.

Aragón y el Derecho

¿Por qué el Derecho? ­­Supongo que a Vds., que han acudido a esta conferencia, les ha parecido obvio que se hable del Derecho aragonés cuando se hacen diagnósticos y previsiones sobre el estado de Aragón en el s. XXI. Parece que los aragoneses, en general, lo tienen claro, y no olvidan el Derecho cuando se plantean una descripción o análisis de Aragón y lo aragonés. Por ejemplo, la llamada Gran Enciclopedia Aragonesa (hace más de veinte años que se publicó, aún no teníamos Estatuto de Autonomía) dedica una de sus secciones al Derecho. La enciclopedia equivalente andaluza, por el contrario, no se ocupa del Derecho. No asombra a nadie ni una cosa ni otra.

Hablar de Derecho al tratar de Aragón es, en definitiva, ineludible.

El Derecho aragonés enraizado en los fueros (Derecho civil foral, solemos denominarlo) tiene un papel central en la historia de Aragón.

Conviene aclarar que hoy tenemos Derecho aragonés fuera y además del civil foral. Todas las leyes emanadas de las Cortes de Aragón son Derecho aragonés. Hay Derecho público aragonés autonómico, y aun Derecho civil autonómico, que no pretende entroncar con los fueros y se basa en títulos competenciales distintos del de Derecho civil. Su importancia es indudable, pero también que su contenido sería posible en cualquier otra Comunidad autónoma y en cierto sentido intercambiable.

En mi exposición me ocupo del Derecho civil foral, por ser el específico aragonés. Pero ya se comprende que en Aragón se aplica, en la mayor parte de los asuntos, un Derecho que no es de procedencia aragonesa. Para empezar, en todos los temas en que la legislación es competencia exclusiva del Estado, y aquellos otros sobre los que todavía la Comunidad no ha tomado la iniciativa de legislar. Además, se aplica, como en el resto de España, el Derecho europeo, que tiene una importancia creciente en la vida de los aragoneses, como la tiene la tienen también expresiones globalizadoras de un Derecho que podemos llamar mundial.

Creo que sería un error encerrar el Derecho foral en su propia concha y mantenerlo apartado de los otros sistemas jurídicos que se aplican también en Aragón.

De hecho, no actuaron así los foristas aragoneses. Al menos desde el siglo XIII los foristas -luego, los foralistas- han sido siempre juristas cultos. Han pasado por las universidades y han estudiado el Derecho, el Derecho romano, el ius. Muchos fueron doctores: en Derecho romano, cuando no en ambos Derechos, es decir, el romano y el canónico. En cierto momento, incluso para ser lugarteniente del Justicia había que ser, para empezar, doctor en derecho.

Eso sí, han sabido siempre, los foristas y los foralistas, distinguir el Fuero y el Derecho y cuando alegaban "en Fuero y en Derecho" eran conscientes de que son cosas distintas que coexisten en Aragón. Distintas, pero ambas de conocimiento imprescindible para el forista, que era también jurista.

Ahora bien, los foristas no se propusieron asimilar el Fuero al Derecho ni buscar la concordancia entre ambos. Más bien, como explicó Lalinde, han mostrado el contraste, que una cosa es Fuero y otra es Derecho.

Recuerdo todo esto porque creo que en el futuro del Derecho civil aragonés no puede haber  tampoco algo así como especialistas sólo en Derecho foral. Se trata de conocer como juristas cultos el Derecho civil: el Derecho en general y, también y a la vez el Derecho específico foral aragonés.

El Derecho no es sólo cosa de leyes.

Cuando hablamos de Derecho aragonés es fácil que venga a la cabeza, en primer lugar, la Compilación, como la ley más significativa que lo recoge. Ahora añadiríamos la Ley de sucesiones por causa de muerte del año 99. Sin embargo, en realidad la identificación del Derecho con la ley y con una determinada ley no deja de ser, por lo menos, una simplificación. El Derecho es mucho más que las leyes. Es verdad que en nuestra cultura jurídica, europea, continental, fácilmente cuando pensamos en el Derecho, casi lo traducimos como ley; pero conviene caer en la cuenta de que no es exacto. Derecho es norma, para empezar, norma estatal: digamos norma "oficial", incluidas las Comunidades autónomas, que en este sentido son también Estado. Pero el Derecho no sólo es norma de procedencia estatal. Hay que caer en la cuenta de que el Derecho civil aragonés es también la costumbre (que es norma, pero no es de origen estatal ni oficial) y los principios generales.

El futuro del Derecho civil aragonés no depende sólo de cómo se legisle. Hay otros aspectos de organización y de funcionamiento igualmente decisivos. En particular, la actividad de jueces y tribunales, de los abogados, de los profesionales del Derecho. La historia nos enseña que, en el límite, puede haber una sociedad y un Derecho sin legislador, pero no puede haber una sociedad con Derecho que no tenga jueces y hoy no puede haber una sociedad, un Derecho, que no cuente con jueces, abogados y otros profesionales jurídicos. Y no puede haber, no puede subsistir duraderamente, no puede evolucionar un sistema jurídico si no hay de una manera u otra una enseñanza del Derecho organizada. En la Edad Media pudo ser gremial: en la misma forma en que los aprendices de pintor aprendían en el taller del pintor, así aprendían los futuros foristas en la casa del forista que ya prestigioso y con clientela. Pero el futuro forista, como he mencionado, estudiaba también en la Universidad. Hoy la cuestión es evidente: en nuestra sociedad no hay un Derecho que puede persistir y evolucionar sin una enseñanza específica universitaria.

La vida del Derecho

Más aún, el Derecho antes y más que norma o que organización, que leyes, tribunales, jueces, abogados y enseñanza, es vida jurídica. Especialmente el Derecho civil está compuesto de relaciones entre personas, conductas de personas en sus tratos, actuaciones de las personas, decisiones que toman en su vida privada en relación con otros y para que tenga consecuencias en el futuro.

En los últimos siglos, esta vida del Derecho ha sido lo decisivo para el Derecho aragonés. Ha habido momentos en que los aragoneses hacían lo que habían hecho siempre, sin norma alguna previa que les obligara o permitiera. Por ejemplo, iban al notario a hacer testamento marido y mujer juntos, cosa que no sorprenderá a ninguno de Vds., pero que está prohibida por el Código civil español­. Lo hacían así nuestros antepasados, pero no porque lo dijeran los Fueros, ni porque lo aprobara ninguna ley, simplemente porque lo hacían. En el caso concreto del testamento mancomunado, como en el de la fiducia sucesoria y el de los pactos sucesorios, hasta el Apéndice de 1925 eran instituciones que existían, que se practicaban, que eran vida, pero no había ninguna ley que las regulara, ni falta que hacía. Tras el Código civil de 1889 se dudó si podían seguir, y se resolvió afirmativamente entendiendo que tenían rango de costumbre.

Como se ve, hay instituciones muy importantes en el Derecho civil aragonés que no deben su existencia a los legisladores. Tampoco los Fueros las regularon. Simplemente la vida jurídica de los aragoneses era así, ha seguido siendo así y luego el legislador (como en la Compilación) todo lo que hace es tomar nota y encauzar, aclarar, dar solución a los problemas que más difícilmente los particulares podrán prever. El legislador, por tanto, al servicio de la vida del Derecho.

No se puede hacer una previsión de futuro del Derecho aragonés -tampoco un buen análisis del presente ni del pasado-, sin tener en cuenta, quizá primordialmente, la vida del Derecho, las actuaciones de los particulares, muchas veces recogidas, eso sí, en documentos notariales, otra profesión, la de notario, imprescindible para entender la historia próxima y encauzar el futuro del Derecho aragonés.

De los Fueros a la Compilación

Es imprescindible conocer, aunque sea a grandes rasgos, la historia del Derecho aragonés para formar una opinión solvente sobre su estado actual y su futuro.

Hubo fueros en Aragón. En un momento determinado, Jaime I, en Cortes de Huesca en 1247, los hace compilar en un texto oficial, que se llamó "Fueros de Aragón". En los siglos siguientes, el rey y las Cortes aprobaron y promulgaron otros fueros que se iban incorporando a los anteriores, y que trataban de todas las materias que puede tratar el Derecho. Quiero decir que los había de lo que hoy llamamos Derecho político, administrativo, penal, procesal, además del Derecho civil. En fin, todas las materias que un legislador puede regular, pues en el Reino de Aragón las cosas ocurrieron como en cualquier otro territorio independientes en la Europa de la época, gobernado  por un rey soberano que no reconoce superior en lo temporal.

Los Fueros de Aragón llegaron a la edad moderna e incluso sobrevivieron al absolutismo de los Austrias. Ahora bien, con ocasión de la guerra de sucesión, Felipe V abolió en un primer momento los Fueros (1707), si bien admitió poco después, en los Decretos de Nueva Planta (1711), que quedara vigente una parte de su contenido, es decir, que se aplicaran los Fueros "para  lo que sea entre el particular y particular". Por tanto, siguió vigente más o menos lo que llamamos Derecho civil, con, en principio, el mercantil y el procesal civil. Los Fueros se siguen aplicando en estas materias, pero ya no hay Cortes que puedan seguir promulgando Fueros, ya no existe el  Justicia que los interprete.

Cuando en el siglo XIX en España, como en los demás países europeos continentales, se pretende la formación de un Código civil como obra paralela a las Constituciones políticas, la existencia de una pluralidad de Derechos civiles planteaba el problema que se denominó "la cuestión foral". ¿Habría de aprobarse un Código civil único para todos los españoles? En caso afirmativo, ¿un Código formado sustancialmente sobre el Derecho castellano? Por este camino discurrieron los intentos de la primera mitad del siglo XIX, pero cuando finalmente se llega a la aprobación de un Código civil español, en 1888, éste no deroga los entonces llamados Derechos forales, sino que se dice que en las provincias y territorios en que subsiste Derecho foral "lo conservarán por ahora en toda su integridad", pasando el nuevo Código a ser simplemente supletorio en estas partes de España.

Que esta situación haya de conservarse "por ahora" significa también que se prevé su cambio y el paso a una situación distinta. Esta parecía que habría de ser la formación de "apéndices del Código civil, en los que se contengan las instituciones forales que conviene conservar". En Aragón no parecía mal esta previsión, y sus juristas se adelantaron a preparar la tarea reuniéndose durante varios meses de 1880 y 1881 en un gran Congreso de jurisconsultos. En sus conclusiones dejan claro que hay al menos algunos materias sobre las que la regulación aragonesa no debe desaparecer. Se trata, sobre todo, del Derecho de familia, en cuanto regula el régimen económico matrimonial o el derecho de viudedad, y del Derecho de sucesiones.

En cuanto se publicó el Código los juristas aragoneses formaron comisiones para redactar el anunciado Apéndice. Este no lo aprobó el Estado hasta 1925, pero se basa en un proyecto aragonés terminado y enviado a Madrid en 1904. Tardaron veinte años  en hacerlo ley.

Este Apéndice, breve, pues la mayor parte del proyecto de 1904 fue desechada, estuvo vigente en Aragón desde 1926 hasta 1967, aunque ya en la Segunda República se intentó su reforma. Tras la guerra civil la idea de revisar el Apéndice y ampliar y poner al día su contenido se va abriendo paso, encauzada a partir de 1946 como trabajos de preparación de un Compilación del Derecho civil de Aragón

La formación de la Compilación del Derecho civil de Aragón

En 1946 se celebra en Zaragoza un Congreso Nacional de Derecho civil al que son convocados los juristas de toda España, de todas las regiones de fuero y también del llamado Derecho común español para trazar las líneas de futuro de todos los derechos civiles forales españoles. La iniciativa la tomaron juristas aragoneses, que pocos años antes habían creado el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés y tenido ya unas Jornadas de estudio en Jaca que tendrían continuidad, con concurrencia de foralistas de otras regiones, hasta los años setenta.

Las conclusiones de aquel Congreso prevén para un futuro indeterminado la confección de un Código civil único para todos los españoles (de "Código civil de las Españas", se habló), pero de manera más precisa se señala la necesidad previa de recoger en Compilaciones cada uno de los Derechos forales existentes, en su estado actual, pero también recuperando lo que indebidamente habían perdido en el último siglo y adaptando todas sus instituciones al momento presente.

Con esta finalidad y de acuerdo con los Decretos que recogen oficialmente las conclusiones del Congreso se ponen a trabajar en Aragón -a la vez que en las otras regiones españolas- los juristas que forman una Comisión nombrada por el Ministerio de Justicia. En realidad, es una continuación de la Comisión creada bajo la República, a que antes hemos aludido, la que en el año cuarenta y cuatro  es otra vez puesta en marcha, con el cambio de algunas personas.  Pero hay otras que proceden de antes, como Palá Mediano, que ya estaba en el año 35 y sigue después. Guerra civil por medio, hay en la atención al Derecho foral una notable continuidad en las intenciones y aun en las personas.

Los trabajos avanzan lentamente durante muchos años. En 1953 se toma una decisión afortunada, consistente en nombrar al profesor Lacruz Berdejo, que poco antes había ganado la cátedra universitaria, director de un seminario que entonces se crea y él forma con personas de su entorno, con jóvenes profesores y profesionales que están haciendo tesis doctoral. Agradezco mucho al Profesor Cristóbal Montes el recuerdo que en la presentación ha dedicado a nuestro maestro. Creo sinceramente que es justo recordar al profesor Lacruz, porque sería imposible explicar la historia del derecho foral aragonés de los últimos 50 años sin él.

El Seminario redacta el primer borrador de un texto articulado con unos informes detallados tan interesantes que el Justicia de Aragón consideró de interés publicarlos casi cuarenta años más tarde, en 1996, porque siguen siendo útiles para entender la Compilación. Ciertamente, la Comisión revisó aquel borrador, pero se encontró con un material tan bien hecho que, aun cambiando lo que bien le pareció, el esqueleto y la musculatura se mantuvo a través de las distintas fases de su aprobación hasta el texto definitivo. Hasta llegar a él se pasó por un primer proyecto (1962), sometido a información pública, un segundo proyecto igualmente de la Comisión aragonesa, en 1963, las intervenciones de la Comisión general de codificación, en sección y en pleno, y de las Cortes, las llamadas Cortes del régimen de Franco, también en comisión y en pleno. Estas llamadas Cortes aprobaron la Compilación del Derecho civil de Aragón, como ley de 8 de abril de 1967.

Después de todo esto, para entender la mayor parte del contenido de la Compilación  sigue sirviendo lo que se dice en esos informes que se hicieron en el seminario dirigidos por el Profesor Lacruz.

El Derecho aragonés desde la Constitución

He dicho que la Compilación de 1967 sigue vigente hoy, pero esto requiere algunas aclaraciones. Por una parte, no todo su contenido es igual al aprobado en aquella fecha, pues ha sido objeto de reformas. Por otra, ahora la Compilación se incardina en el Ordenamiento autonómico, por obra de la Constitución y del Estatuto.

Lo más importante es que ya no vale como ley estatal, sino como ley aragonesa. Un cambio fundamental desde el punto de vista político que afecta al fundamento mismo de la norma. Para explicarlo hay que acudir a la Constitución.

La Constitución prevé las competencias de las Comunidades autónomas con Derecho civil propio para legislar sobre el mismo. Concretamente, reconoce la "conservación, modificación y desarrollo de los  Derechos civiles forales o especiales allí donde existan", (art. 149-1-8º de la Constitución). En consecuencia, el Estatuto de Autonomía de Aragón recoge esa competencia respecto del Derecho civil aragonés.

De manera que, cuando nace el Ordenamiento jurídico aragonés autonómico, nace ya con un contenido, el Derecho civil propio. En lo sucesivo será también Derecho aragonés el que emane de las Cortes de Aragón, así como los reglamentos que haga la Diputación General, etcétera. Pero desde el primer momento ya es derecho aragonés el contenido en la Compilación, junto con la costumbre y los principios generales del Derecho aragonés. Por ello cuanto la ley del Justicia dice que éste tiene entre sus competencias o misiones la tutela del Ordenamiento jurídico aragonés, la propia ley explica que integran el ordenamiento autonómico aragonés, ciertamente, las leyes emanadas de las Cortes de Aragón y otras normas de procedencia autonómica, pero también y previamente, "el Derecho civil o foral de Aragón". Cuando se elaboró la ley del Justicia todavía las Cortes no habían legislado sobre Derecho civil, a pesar de lo cual ya había Derecho aragonés, el civil foral, por cuya observancia el Justicia había de velar. De ninguna otra norma aragonesa puede decirse, como del Derecho civil, que preexistiera a la acción de legislar por parte de las Cortes.

Las Cortes de Aragón podían y debían legislar sobre Derecho civil aragonés, y lo hicieron por vez primera en 1985. Era necesario, pues la Compilación debía ajustarse a los principios constitucionales. No es que la Compilación fuera especialmente inconstitucional, de manera distinta a como lo eran otras Compilaciones o el propio Código civil, que fue objeto de dos importantísimas reformas en el año 1981 para adaptarlo a los principios constitucionales,  en particular los de no discriminación por razón de filiación, de no discriminación por razón de sexo y de igualdad entre marido y mujer en el matrimonio. Esos principios obligaron, en definitiva, a los legisladores a reformar las normas sobre las que eran competentes: las Cortes Generales modificaron el Código Civil, el Parlamento catalán la compilación catalana, y así sucesivamente los demás Parlamentos autonómicos con competencia sobre Derecho civil. 

La ley de las Cortes de Aragón de 25 de mayo de 1985 fue preparada por dos comisiones técnicas formadas por expertos juristas. En realidad, la inmensa mayor parte de las ideas proceden de una primera comisión que presidió el Profesor Lacruz Berdejo, de la que fue vicepresidente el Profesor Cristóbal Montes y secretario el notario José Luis Merino Hernández. La mayor parte de sus componentes estaban propuestos, en realidad nombrados, por las instituciones jurídicas: los colegios profesionales, la judicatura, también las Diputaciones Provinciales y la Universidad. Se preveía que en el Estatuto habría alguna disposición adicional que acogiera a esta Comisión como órgano consultivo de la Comunidad, pero no fue así, por lo que se disolvió cuando terminó su trabajo.

 La siguiente comisión, más reducida, nombrada por el Gobierno de Aragón, se sirvió del texto preparado por la anterior, modificándolo en algunos puntos. Todavía en las Cortes, en virtud de las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, el articulado recibió modificaciones hasta el mismo momento del pleno.

Esta reforma de 1985 fue sin duda importante, aunque no fueron muchos los artículos que se modificaron y muy pocos fueron redactados de nuevo. En algunos casos bastó con tachar una palabra: concretamente, el adjetivo "legítimos" cuando se habla de hijos o descendientes. El cambio es muy grande, aunque  las palabras que se cambian son muy pocas. En otros aspectos, por ejemplo, administración y disposición de los bienes comunes por marido y mujer, hubo que introducir tres artículos nuevos. Realizada la adaptación constitucional, la mayor parte del texto de la Compilación siguió siendo el aprobado en 1967.

Siguieron dos reformas legislativas de detalle. Una en el año 88, para decir que los hijos adoptivos tendrán en Aragón los mismos derechos y obligaciones que los hijos por naturaleza. Les confieso que siempre creí que eso era así y que no hacía falta que lo dijera una ley aragonesa. Esa ley fue impugnada por supuesta inconstitucionalidad por el Gobierno de la Nación, lo que trajo como consecuencia una sentencia del Tribunal Constitucional muy favorable a Aragón. Es la sentencia de 12 de marzo de 1993. Favorable porque le dio la razón desestimando el recurso de inconstitucionalidad y, además, porque entonces el Tribunal Constitucional hizo doctrina, buena doctrina, sobre el ámbito de las competencias de las Comunidades autónomas en materia de derecho civil. Con esta sentencia se despejaron las dudas que algunos podían albergar sobre las posibilidades de legislación civil autonómica, de manera que el camino quedó abierto y sin obstáculos, al menos inmediatos.

Otra ley muy razonable en su finalidad, ya en el año 1995, modificó algunos artículos para disponer que cuando fallece sin testamento ni pacto sucesorio un aragonés o aragonesa que no deja parientes ni cónyuge le herede la Comunidad autónoma, en lugar de heredar el Estado. Un caso del que la prensa se hizo eco, en que se cuestiona el destino de una herencia millonaria con parte de los bienes situados en Chile, nos muestra que puede no ser cuestión irrelevante desde un punto de vista económico.

Hoy regulación similar se encuentra en la Ley de Sucesiones por causa de muerte aprobada el año 1999. Pero a esta Ley tenemos que dedicarle atención especial.

Las bases para una nueva política legislativa

Una renovada Comisión Aragonesa de Derecho Civil, creada por Decreto de 20 de febrero de 1996, presentó al Gobierno y a todos los juristas de Aragón unas trabadas reflexiones sobre "Objetivos y método para una política legislativa en materia de Derecho civil de Aragón". El Gobierno hizo imprimir en octubre de aquel año cuatro mil ejemplares de un folleto de 32 páginas y los envió a todos los despachos de los profesionales del Derecho en Aragón. La Ponencia terminaba con una llamada a la participación más amplia y plural en las tareas legislativas sobre el Derecho civil. El contenido de la Ponencia fue expuesto en diversos foros públicos y tuvo la fortuna de despertar interés en muchos ámbitos e incluso de recibir algunas respuestas por escrito por parte de Corporaciones de profesionales.

La Ponencia toma como punto de partida la Compilación, entendiendo que en ella se recoge lo más importante del Derecho civil aragonés. Señala también sus límites y deficiencias y, sobre todo, la necesidad de renovar su contenido en razón del cambio de las circunstancias sociales y políticas. Ahora bien, la Comisión hace notar que el camino adecuado para superar los defectos parciales y las insuficiencias de la Compilación no es el de la modificación de su texto en puntos concretos -como se había hecho hasta el momento-, sino el de abordar la reformulación del Derecho civil aragonés en un nuevo Cuerpo legal.

"El objetivo global de la tarea legislativa -decía aquella Ponencia- sería la actualización, profundización y desarrollo de las normas vigentes, partiendo de las instituciones reguladas en la Compilación, mediante la promulgación de un nuevo Cuerpo legal de Derecho civil aragonés enraizado en nuestra historia, vivificado por los principios y valores constitucionales y adecuado a las necesidades y convicciones de los aragoneses" del siglo XXI.

La Constitución y el Estatuto atribuyen a Aragón la "conservación, modificación y desarrollo" del Derecho civil de Aragón. Pues bien, había llegado el momento del "desarrollo", junto con medidas para consolidar, facilitar y ampliar su aplicación.

Puesto que la Compilación, en general, es buena, a juicio de la mayor parte de los juristas aragoneses, no hay prisa por cambiarla. El Cuerpo legal que la sustituya habrá de asumir la mayor parte de su contenido, desarrollando y aclarando sus normas de manera que en él se encuentre la regulación completa de las instituciones de que se ocupe. Deberá hacerlo, al menos, con el mismo rigor técnico de que hace gala la Compilación, que considero la ley civil española de mayor altura técnica de los últimos cincuenta años.

Puestos a legislar, hay que hacerlo bien, al menos tan bien como se hizo la Compilación. En particular, hay que tener cuidado con la coherencia interna y la trabazón de todas las normas, razón por la cual la Comisión prefería, en abstracto, la redacción unitaria y la aprobación del Cuerpo legal entero, de una sola vez. Pero reconocía también las razones de oportunidad que podían llevar a la aprobación de leyes que contengan una parte del Derecho aragonés, siempre que esta parte tenga suficiente entidad: tres o cuatro leyes en total, todo lo más.

La Comisión terminaba anunciado que se proponía ocuparse, en primer lugar, de la parte correspondiente al Derecho de sucesiones. No hay por qué ocultar que el Gobierno tenía interés en enviar a las Cortes un Proyecto de ley de Derecho aragonés antes de que se agotara la legislatura.

La Ley de Sucesiones por causa de muerte

Así se hizo la ley de sucesiones. La Comisión dedicó al Anteproyecto unas ochenta sesiones de trabajo. Esfuerzo, ciertamente, no se escatimó.

Una vez el Proyecto en las Cortes, se le dio un tratamiento especial, gracias al cual salió de las Cortes mejorado, al menos en algunos detalles. La actitud de los políticos aragoneses fue de gran altura de miras, pues nadie hizo cuestión de partido ni de ideología específica. Para el Derecho civil eso es bueno. No sería conveniente, desde mi punto, de vista, legislar sobre Derecho civil una parte de la población contra otra, o un punto de vista político contra otro, ni olvidar lo que es tradición común y compartida.

Es que el derecho civil es de largo plazo, hay que tener en cuenta que toda modificación será como las maniobra de un transatlántico, que se toma la decisión en un momento y pasan muchas millas hasta que aquello cambia de dirección. Todavía en pleitos de hoy resulta que, de vez en cuando, salen unas capitulaciones matrimoniales que son de antes del año 25 y por lo tanto se aplican los fueros. Por estas y otras razones es bueno que las leyes de derecho civil sean básicamente de consenso y la verdad es que las Cortes estuvieron a la altura. Entre otras cosas, nombraron una ponencia de lujo, que merece citarse entera. Era coordinador el Profesor Cristóbal Montes, por el PP, don Hipólito Gómez de las Roces por el PAR, don Ramón Tejedor por el PSOE, don Jesús Lacasa por IU y don Chesús Bernal por la CHA. Fíjense en que hay un ex presidente de las Cortes y dos ex presidentes de la comunidad. Es decir, de absoluto lujo.

Se presentaron por los grupos parlamentarios más de trescientas enmiendas, aunque luego no se aprobaron sino una pequeña parte. En estas enmiendas se suscitaron ideas que en esta ocasión no triunfaron, quizá no era el momento, pero ahí siguen planteadas. Por ejemplo, enmiendas del PSOE proponiendo para el futuro la libertad absoluta de testar. El planteamiento de la Compilación sobre la legítima era que dos tercios de los bienes de la herencia tenía que recaer necesariamente en descendientes, si bien los ascendientes lo pueden distribuir como quieran, incluso dejándolo todo uno solo de los hijos, a un nieto incluso. El Proyecto de ley se hizo eco de ideas que están en el ambiente tendentes a ampliar la libertad de testar, de modo que se proponía que sólo la mitad de los bienes de la herencia fuera legítima. El PSOE quería dar un paso más, libertad absoluta de testar. La libertad absoluta de testar es algo propugnado por aragoneses de todos los tiempos, entre otros y muy insistentemente por Joaquín Costa. Es algo que pudo producirse perfectamente en la evolución del derecho aragonés: en el s. XVII, incluso en el XVIII, se podía haber llegado a la libertad absoluta de testar como llegaron los navarros, pues el punto de partida de ambos Derechos es prácticamente el mismo. De hecho, los aragoneses se han tomado siempre muchas libertades, por ejemplo, que dejando en el testamento cinco sueldos por muebles y cinco por inmuebles, o diez sueldos jaqueses, o cosas así, se entienda cumplida la legítima y pueda disponerse en los sustancial sin más límites. Esto es algo que no dijeron los Fueros. No lo ha dicho nunca ningún legislador aragonés y, sin embargo, puede leerse en muchísimos testamentos de aragoneses. Los aragoneses se toman muchas libertades. Por este camino podían haber llegado hace siglos a la libertad absoluta de testar. Es un idea, también hay que decirlo, que siempre encontró gran resistencia por parte de otros aragoneses. La enmienda a que me he referido, aunque no se aprobó, sirve para que siga el debate en la sociedad, y ya veremos en el futuro cómo evolucionan los criterios de los ciudadanos.

La Ley entró en vigor el día 23 de abril de 1999, festividad de San Jorge, Patrono de Aragón, según prevé su Disposición final segunda, introducida por la Comisión Institucional de las Cortes. Señalar esta fecha como día de entrada en vigor tiene, sin duda, un sentido de celebración cívica, pero también supone un acierto de técnica legislativa, al hacer seguro y conocido por todos el momento inicial de vigencia, tras una vacatio sensiblemente superior a la ordinaria de los veinte días.

La Ley, tras una Exposición de Motivos larga y detallada, distribuye sus 220 artículos en siete títulos, más una disposición adicional, diez transitorias, una derogatoria (del Libro II de la Compilación) y dos finales. Los Títulos (divididos en Capítulos, y algunos de ellos en Secciones) son los siguientes: I, De las sucesiones en general (arts. 1- 61); II, De la sucesión paccionada (arts. 62-88); III, De la sucesión testamentaria (arts. 89-122); IV, De la fiducia sucesoria (arts. 123-147); V, Normas comunes a las sucesiones voluntarias (arts. 148-169); VI, De la legítima (arts. 170-199), y VII, De la sucesión legal (arts. 200-220). No abarca todo el Derecho de sucesiones, pero sí completa las normas legales anteriores contenidas en la Compilación con las necesarias o convenientes para la mayor claridad y facilidad de su aplicación, abordando materias -señaladamente en los títulos I y V- que, hasta ahora, sólo estaban formuladas en el Derecho supletorio.

Sustancialmente, mantiene las grandes opciones del Derecho aragonés histórico, tal como habían llegado a través del Apéndice de 1925 y la Compilación de 1967. No podía ser de otra manera. La "libertad civil" informa buena parte de las instituciones y se plasma en el art. 3, según el cual "el causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión por pacto, por testamento individual o mancomunado, o por medio de uno o más fiduciarios, sin más límites que el respeto a la legítima y los generales del principio standum est chartae. En aspectos concretos esta libertad se amplía, dando lugar a algunas de las novedades más visibles. En efecto, se admiten los pactos sucesorios que sobre la propia sucesión se convengan en escritura pública (ya no sólo en capítulos o con las limitaciones del Derecho anterior), se ofrece el testamento mancomunado como cauce de la ordenación de la sucesión de cualesquiera dos personas (según la Compilación, habían de ser cónyuges) y, asimismo, puede encomendarse fiducia sucesoria a cualquier persona. Por otra parte, la legítima, como se ha dicho, manteniendo sus rasgos tradicionales, recae ahora sólo sobre la mitad del patrimonio, en lugar de sobre los dos tercios que, por influencia del Código, se había admitido desde el siglo pasado.

La de Sucesiones es una ley que confía en el ejercicio responsable que los ciudadanos hagan de su libertad. Puede decirse que no prohibe nada que antes de ella estuviera permitido, mientras que elimina o reduce alguna de las prohibiciones o limitaciones antes existentes.

La Ley de Sucesiones tiene también la virtud de haber formulado el sistema de fuentes del Derecho civil aragonés en la forma adecuada a los cambios constitucionales y estatutarios. Su disposición adicional primera da nueva redacción a los artículos 1º, 2º y 3º de la Compilación, reescribiendo, por tanto, nuevamente todo el Título preliminar de la Compilación del Derecho civil de Aragón.

El camino abierto por la Ley de Sucesiones

De momento, las previsiones de política legislativa más explícitamente proclamadas por el legislador, sin excluir otras posibilidades, se centran en la prosecución de la tarea emprendida por la Ley de Sucesiones. Como se expresa en su Preámbulo, el objetivo es la reformulación del Derecho civil de Aragón en un nuevo Cuerpo legal ("sin prejuzgar ahora la configuración final" del mismo), que "tienda a incorporar cuanto de bueno y útil hay en la Compilación, que es casi todo, para actualizarlo, desarrollarlo y completarlo con las normas que parezcan más conformes con los ideales cívicos y las circunstancias vitales de los aragoneses y aragonesas de hoy y de mañana".

Esta "tarea de largo aliento", comenzada por la Ley de Sucesiones, tendrá verosímilmente  su continuación en una Ley de régimen económico matrimonial y viudedad, cuyo Anteproyecto el Gobierno encomendó a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil en noviembre de 1999. (Entregado en mayo de 2002, el Gobierno lo aprobó como Proyecto de ley y lo envió a las Cortes para su tramitación parlamentaria).

No se produce propiamente una ruptura con la Compilación, aunque ésta vaya siendo derogada parcialmente. Se trata más bien de incorporar a las nuevas leyes civiles cuanto de bueno y útil hay en la Compilación, que es casi todo. Aunque hay que recordar que la Compilación se originó hace ya bastante más de treinta años, en circunstancias muy distintas de las actuales. Fue una ley estatal que, aunque preparada en Aragón, tuvo que contar ya con los obstáculos que encontraría en Madrid, por lo que se sujetó a una especie de autocensura previa. Estamos, sin duda, en muy distinta situación política y social y se puede aspirar a otras cosas.

El resultado final de este proceso de reformulación legislativa del Derecho civil aragonés no está decidido. Tras la Ley de régimen económico matrimonial pueden venir otras, que derogarían más artículos de los pocos restantes en la Compilación. La idea de refundir todas estas leyes civiles en un solo cuerpo legal parece plausible, aunque, en rigor, no sea necesario. ¿Cómo llamar al futuro cuerpo legal del Derecho civil de Aragón? ¿Compilación? ¿Código civil? No hay ningún inconveniente, ni constitucional ni de otro tipo, en llamar "Código civil de Aragón" al conjunto sistemático de las normas legales del Derecho civil de Aragón, por más que no abarque todo el Derecho civil aplicable en Aragón. Lo importante es que sea la denominación que más guste a los aragoneses y que les haga más atractivo su Derecho. Quizás todavía haya que esperar unos años para formar una opinión al respecto. 

En cualquier caso, si optamos por Compilación podremos decir que nos remontamos a nuestros orígenes, pues Compilación (de los Fueros de Aragón) fue el nombre de la obra encargada por Jaime I a Vidal de Canellas. Si preferimos Código, tenemos también precedentes ilustres. No sólo el Código de Justiniano es el modelo confesado de Vidal de Canellas y, siglos más tarde, de la Comisión de Cortes formada en 1547 para ordenar sistemáticamente los Fueros, sino que en la época de la codificación y recién aprobado el Código civil español, los juristas aragoneses proponen el nombre de Código Civil de Aragón para la modesta obra que, oficialmente, habría de denominarse "Apéndice". Así lo advierten Ripollés y Gil Berges en sus respectivos proyectos, así lo mantiene también Franco y López.

No se si alguien objetará que llamar Código a la obra legislativa que recoja nuestro Derecho sería imitación de Cataluña, y por ello inadecuado. Ciertamente, en Cataluña se trabaja oficialmente desde hace años en la redacción de un Código civil catalán. Previamente, se ha aprobado un Código de sucesiones y un Código de familia. Creo que la política del Derecho en Cataluña, que incluye también una dimensión renovadora y europea, merecería una consideración atenta por todos los estudiosos del Derecho civil y, en particular, por quienes quieran formarse opinión fundada sobre el futuro del Derecho civil aragonés.

Ahora bien, no se trata de seguir los pasos de los vecinos catalanes simplemente porque ellos han empezado antes y llegado más lejos.

Cada comunidad autónoma con Derecho civil propio tiene su propia historia, sus propias motivaciones, sus propias necesidades.

Por tanto, sigamos nuestro camino. Para trazarlo, no podemos dejar de tener en cuenta algunos datos de la realidad. Un dato de la mayor importancia es que no habrá un código civil español general, o único, en un futuro previsible. Esto podrá gustar más o menos visto desde Aragón. Creo que puede decirse que, hace unos cuantos años, no gustaba a la mayoría. Muchos foralistas aragoneses, desde hace más de un siglo, hubieran preferido un Código civil para todos. Pero creo que hoy podemos afirmar con relativa seguridad ­-teniendo en cuenta cómo han ido las cosas en los últimos tiempos y lo que dice la Constitución al respecto- que no habrá en los próximos decenios un Código Civil  español para toda España. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que nuestro derecho civil, el derecho civil para los aragoneses, será el que hagamos los aragoneses. Nadie nos la va a hacer desde fuera.

 

El horizonte de la unificación del Derecho civil

Más aún, incluso se me ocurren las siguientes consideraciones. Durante el siglo XIX -por lo menos en su segunda mitad- y el XX, Aragón ha sido, en cierta medida, la región que ha tomado la iniciativa, la que ha movido a juristas de todas las regiones de fuero a trabajar sobre su propio derecho, ha llamado a los demás a esta tarea y los ha reunidos en ocasiones muy significativas. Se le ha reconocido autoridad para ello. Sin duda, porque provocaba menos recelos que otros. Que fuera en Zaragoza, o en Jaca y organizado desde Zaragoza, y no en Barcelona o en Navarra, etcétera, donde se reunieran foralistas de toda España, no es una casualidad. Esto es así hasta los años 70 del siglo XX, en que desde Zaragoza se pone en pié un Instituto español de Derecho Foral que era continuación e institucionalización de esas reuniones de foralistas de todas las regiones. Ciertamente, en la transición no corrían aires propicios a un trabajo en común y en pie de igualdad entre las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, y el Instituto duró poco. No está disuelto formalmente, pero puede decirse que se disolvió como un azucarillo.

Cabe esperar -y el argumento va dirigido precisamente a los que así lo deseen y prevean- que en un futuro, aunque sea lejano, habrá ocasión para una nueva reformulación del Código Civil español. Pues bien, será muy importante en ese momento qué códigos o leyes civiles, modernas y adecuadas, haya en las distintas Comunidades autónomas, pues el hipotético Código de todos se nutrirá de ellas.

Creo que los juristas los catalanes tiene claro también este objetivo: contribuir a través de un Código civil catalán (que enlazan, además, con el Derecho europeo) al hipotético, futuro, Código Civil español. Para cuando llegue ese momento creo que Aragón debe estar en condiciones de mostrar a todos y poner como ejemplo leyes civiles modernas, técnicamente correctas y socialmente adecuadas a los tiempos.

Las señales del futuro

Sigamos nosotros nuestro camino, no hay por qué imitar. Pero no olvidemos cuál es el horizonte previsible. Sobre ese horizonte previsible me voy a atrever a hacer, por exigencias del guión, unas pocas observaciones en el terreno de la prospección. Prospección, dice el diccionario de la Academia, es "exploración de posibilidades futuras basada en indicios presentes". Voy a señalar, por tanto, algunos indicios que están ya ante nuestros ojos. Y el primer indicio que quiero reseñar es que en lo que podemos llamar la aplicación del Derecho en un sentido amplio, las cosas están cambiando deprisa y profundamente.

Por una parte, se está legislando. Legislar es tarea necesaria incluso para la conservación, mucho más para el desarrollo del Derecho civil aragonés. Las leyes, en democracia, son expresión de la voluntad de los ciudadanos, expresión por tanto de nuestra libertad.

Pero las leyes, por sí solos, no son suficientes para modificar la vida del Derecho.

No hay derecho sin jueces, he dicho antes.

Los jueces y tribunales que administran justicia en Aragón no son órganos de la Comunidad Autónoma. Los jueces que aplican el ordenamiento de la Comunidad Autónoma son los mismos que aplican el estatal español, o el Derecho europeo. Quizás no siempre han conocido y respetado el Derecho aragonés como debían, o como nos hubiera gustado.

Pues bien, estoy seguro de que en los próximos cinco años los jueces llamados a aplicar el Derecho aragonés -lo mismo que los abogados y los demás profesionales del Derecho- van a saber mucho más Derecho civil aragonés de lo que sabían hace cinco años, sin comparación.

Cuando se publica una ley nueva hay un proceso de recepción de la ley; se estudia, se conoce, hay reuniones, conferencias, etc. Una ley es también instrumento de propaganda del Derecho.

Desde hace una docena de años se imparte un curso de derecho aragonés público y privado en la cátedra Lacruz Berdejo. La cátedra la creó la Diputación General de Aragón siendo Presidente Gómez de las Roces y, mediante convenio con la Escuela de práctica jurídica, tiene esta actividad dirigida a licenciados en Derecho. Desde el primer curso se matricularon jueces y magistrados.

Hace un par de años, quisieron los jueces y magistrados tener un curso especial, y organizamos un curso de derecho civil aragonés dirigido exclusivamente a miembros del Poder judicial, al que asistieron  una veintena de ellos.

Esto ya es mucho, son indicios muy notables. Por señalar el contraste, contaré una anécdota de mi experiencia. Hacia 1985 di algunas conferencias para explicar los cambios que se iban produciendo en el Derecho civil, especialmente en el Derecho aragonés. En el coloquio de una de ellas recuerdo que algunos jueces decían que nunca habrían de leer un Boletín oficial Aragón.  -"¿Para qué? No tiene nada que ver conmigo. Me basta con atender al Boletín Oficial del Estado".  Y tuve que explicar que, de acuerdo con el Estatuto -que es Ley Orgánica-  las leyes de la Comunidad se publican en el Boletín Oficial de Aragón. -"Pero también se publican en el del Estado". Si, es verdad, pero entran en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín oficial de Aragón, aunque no hayan aparecido en el BOE. Y a partir de esa fecha es inexcusable su aplicación por los jueces.

Hoy ya no se les ocurre decir algo así. Años más tarde, en uno de los cursos a los que he hecho referencia, un juez dice que, naturalmente, en Cataluña los jueces aplican el Derecho catalán, y que están al tanto de lo que se publica en el Boletín Oficial de Cataluña. La forma de plantearlo me hizo caer en la cuenta de que algunos, cada vez más, de los jueces que vienen a Aragón desde otros destinos -como era el caso de este juez- han asumida ya en su trabajo diario  la aplicación de los Derechos civiles forales o autonómicos.

Proceden estos jueces de unas Universidades en que -salvo si es la de Zaragoza- han estudiado entre las asignaturas de su carrera el Derecho civil catalán, el gallego, el vasco, etc. Dentro de unos años, también los que hayan estudiado en la Universidad de Zaragoza habrán estudiado el Derecho civil propio de la Comunidad, es decir, el aragonés.

Son indicios, creo, de cambios muy importantes.

Otros indicios podemos encontrar en relación con la actividad del Justicia de Aragón. El Estatuto de Autonomía le encomienda la "tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación", y la Ley reguladora del Justicia precisa que integra el ordenamiento jurídico aragonés, en primer lugar, "el Derecho civil o foral de Aragón". Todo un compromiso de los poderes públicos -no sólo del Justicia- en el cuidado específico del Derecho civil aragonés.

El Justicia ha cumplido su cometido de muy diversas maneras: fomentando, apoyando, financiando, también mediante estudios realizados en el seno de la institución y, excepcionalmente, mediante Recomendaciones formales.

En particular, acertó el Justicia a unir esfuerzos y multiplicar resultados poniendo en marcha el "Foro de Derecho Aragonés", en el que participan, junto al Justicia de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, los Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel, el de Notarios, el de Registradores, el de Procuradores y la Facultad de Derecho. Se autodefine como "un FORO de juristas aragoneses que surge como fruto de una preocupación colectiva por lo que constituye objeto cotidiano de su trabajo, el Derecho aragonés, y de una voluntad, también colectiva, por aunar esfuerzos para el mejor conocimiento, aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico aragonés". En noviembre de 1991 tuvo lugar el primer Encuentro, con tres Ponencias, en las que, junto a profesores universitarios, forman parte de la misma siempre profesionales experimentados en la aplicación del Derecho aragonés, logrando de esto modo resultados inmediatamente útiles para la práctica. En noviembre de 2001 han tenido lugar los undécimos Encuentros, con sesiones en Teruel y Zaragoza, y se han publicado las Actas de los Décimos. Actas que, en su conjunto -treinta ponencias con sus coloquios- ofrecen una documentación de primer orden para la interpretación y aplicación del Derecho civil aragonés. Como se distribuyen con gran amplitud por parte del Justicia, puede decirse que están en todos los despachos profesionales lo mismo que en todos los juzgados y tribunales de Aragón.

Las mismas personas que se encargan de coordinar Foro Aragonés, con la riqueza que esto conlleva en pluralidad de experiencias profesionales y presencia indirecta de todas las instituciones, constituyen el Consejo de redacción de la "Revista de Derecho civil de Aragón", editada por la Institución Fernando el Católico a través de su Cátedra Miguel del Molino (que mantiene también un Seminario permanente de jurisprudencia abierto a todos los licenciados en Derecho). El primer número de la Revista vio la luz en 1995 y, desde entonces, se han publicado dos cada año.

En todos los ámbitos relacionados con la teoría y la práctica del Derecho en Aragón ha crecido visiblemente la actividad en torno al Derecho civil propio en estos veinte años. Inútil sería tratar de enumerar cursos, cursillos, conferencias, ciclos, seminarios, discursos. Los ha habido y los hay en todos los Colegios profesionales, en el poder judicial, en instituciones como la Academia de Jurisprudencia y Legislación y, naturalmente, en la Universidad. Poco a poco vamos entrando en una situación de normalidad, en que el estudio y la aplicación del Derecho civil aragonés viene a ser una incidencia más, ordinaria y corriente, en la enseñanza y en el ejercicio profesional.

Desde hace años se han impartido cursos de doctorado, y en la Facultad de Derecho se han leído media docena de tesis doctorales sobre Derecho aragonés, luego publicadas.

A mí me ha alegrado mucho el que el Profesor Cristóbal Montes haya querido subrayar esta actividad universitaria, porque es la gran contribución que la Universidad ha hecho y seguirá haciendo al conocimiento del Derecho aragonés. La investigación académica llega a los ciudadanos por sus cauces propios, con la lentitud habitual, pero acaba conformando el conocimiento y las ideas de los jueces y abogados, y, mediante ellos, a influir decisivamente en la práctica del Derecho, en la vida del Derecho.

De nuevo la vida del Derecho

La vida del derecho, esto es lo realmente importante, porque es así como el Derecho forma parte de la manera de ser y de actuar de los aragoneses. Los ciudadanos quizás no sepan qué dice la Constitución sobre los Derechos civiles forales o especiales, ni si está vigente y desde cuándo la Compilación del Derecho civil de Aragón o si se han promulgado otras leyes civiles aragonesas. Muchos lo saben, o al menos algo han oído y lo relacionan de forma más o menos precisa con los Fueros de Aragón.

Pero sea cual sea el grado de conocimiento teórico y consciente sobre el Derecho aragonés,  la inmensa mayor parte siguen haciendo, en asuntos muy importantes, lo que han hecho sus padres y sus familiares desde siglos. Lo sepan o no. Por ejemplo, si desean hacer testamento y están casados, irán juntos a la notaría marido y mujer y otorgarán un testamento mancomunado. A lo mejor ni se les ocurre que pueda ir uno solo (que, por cierto, pueden, y hacer testamento unipersonal). A lo mejor tampoco saben que hacer testamentos juntos marido y mujer está prohibido en la mayor parte de España (y de Europa). Actúan como les parece adecuado, y les sorprendería mucho que alguien les explicara que está prohibido -lo que, de momento, no creo que haya riesgo de que ocurra-.

En Aragón, prácticamente todas las personas casadas saben que si uno de los cónyuges quiere vender una finca que, por ejemplo, ha heredado, tiene que ir a la notaría con su marido o con su mujer para que renuncie al derecho expectante de viudedad. ¿Es que sabe qué es el derecho expectante de viudedad? Con exactitud, no (tampoco muchos juristas), pero sí lo suficiente para saber a qué atenerse. Como no creo que, en Aragón, a ningún hijo le sorprenda que, al morir su padre, la viuda tenga el usufructo de la totalidad de los bienes, razón por la cual los herederos no disfrutarán normalmente de ellos -aunque sean los dueños- hasta que fallezca el viudo.

Esto último tampoco ocurre en la mayor parte de España (aunque en Navarra hay un usufructo vidual "de fidelidad" bastante parecido al aragonés). Pues bien, en Aragón puede decirse que "desde siempre" las cosas son así, porque así les ha parecido bien a los aragoneses. La manifestación de esta forma de entender el Derecho civil puede apreciarse estudiando los Fueros y las Observancias (éstas, como indica su nombre, más cerca de la práctica del Derecho que de la obra del legislador), pero mucho mejor a través de los  documento notariales, como capítulos matrimoniales, contratos, testamentos (unipersonales o mancomunados), que están a cientos, a miles, en los archivos históricos y en los archivos de protocolos. Los documentos notariales son la fuente más importante para el conocimiento del Derecho aragonés realmente vivido.

He dicho que las cosas son así "desde siempre", y ahora, para ser más preciso, añado que creo que es en la Baja Edad Media cuando se inicia el gran ciclo de todo el Derecho civil que hoy vivimos (y acaso estemos al final de este gran ciclo, aquí como en toda Europa, pero esta es una hipótesis aventurada).

Conjeturas sobre el futuro

En el futuro inmediato (dentro de diez años, de veinte años) ¿cómo irán las cosas?

Con lo que llevo dicho, ya pueden imaginarse cómo veo el futuro a este plazo. Habrá más leyes aragonesas, se aplicarán más y mejor, se estudiarán en la Universidad, todos los abogados las conocerán, y los aragoneses, cada vez mejores conocedores de su Derecho, se seguirán planteando cómo mejorarlo, adaptarlo y desarrollarlo.

¿Y dentro de cien años? Quizás sea muy osado por mi parte el tratar de dar una respuesta. No sé muy bien las reglas de la prospectiva, si las hay; aunque supongo que una de ellas podría ser "que las cosas caen del lado de que se inclinan".

Permítanme una pregunta paralela, que me permitirá terminar con una imagen: ¿cómo será Zaragoza dentro de cien años? En el detalle, evidentemente, no lo sabemos. Podemos imaginar que seguirán siendo identificables las torres del Pilar, La Seo o los restos de las murallas romanas. Es posible que tengamos más dudas sobre edificios mucho más modernos. Los que fuimos alumnos del Colegio de El Salvador sabemos que más ó menos donde ahora está este salón de actos estaba nuestro Colegio; que hace menos de cincuenta años se construyó a su lado una iglesia neogótica o cosa así, y que ésta -junto con el Colegio- desapareció inmediatamente: o sea, que hay cosas muy imprevisibles en la evolución de una ciudad.

Con todo, considero probable que, dentro de cien años, serán identificables al menos unos cuantos edificios, unas cuantas torres más en la ciudad de Zaragoza.

Pero supongamos ahora un gran cambio en las circunstancias, incluso grandes catástrofes, naturales o producidas por la locura de los hombres. ¿Qué quedará?

Todos o la mayor parte de los edificio han caído. Pues bien, hay algo que es casi seguro que quedaría, y seguiría identificando a la ciudad de Zaragoza: el tejido urbano, la cuadrícula irregular que dibuja los límites de las manzanas de edificios, de las calles y de las plazas. Esa trama urbana que descubren los arqueólogos cuando, incluso muchos siglos después de que una ciudad quede arrasada, quitan la tierra que está encima

La retícula urbana perdura mucho más que los edificios, y con ella sola puede volver a trazarse el plano de la ciudad.

Apliquemos ahora la imagen al Derecho civil aragonés. Su retícula más perdurable y característica estaría constituida por los rasgos fundamentales de la familia  y del derecho de sucesiones. Probablemente, esa retícula seguirá existiendo dentro de cien años. Para eso da igual quién sea el legislador, como ha demostrado la historia. No depende siquiera de la existencia, entonces, de un poder legislativo aragonés. Hay  un  algo de la vida del derecho que es mucho más perdurable y evoluciona mucho más lentamente que las leyes y que las actuaciones de los poderes públicos. Su núcleo está formado por lo que los ciudadanos regulan, en cierto sentido espontáneamente, en sus relaciones con los demás: pactando, determinando el régimen económico del matrimonio, ordenando su sucesión. Creo que esto sería el equivalente de esa retícula urbana cuya existencia es lo más predecible a largo plazo en la vida de una ciudad.

Con esto hemos llegado al final, incluso adentrándonos en cuestionables conjeturas sobre el futuro.

Jesús Delgado Echeverría